Cuando sale un dictamen del Consejo de Estado, no significa que la regularización ya esté aprobada. Significa otra cosa: que el Consejo ha revisado el borrador del Real Decreto y ha dicho qué partes ve bien, qué partes deben corregirse y qué cambios considera imprescindibles antes de que el Gobierno lo apruebe. En este caso, el dictamen es de 9 de abril de 2026 y termina diciendo que, si se incorporan sus observaciones esenciales, el proyecto puede elevarse al Consejo de Ministros.
Dicho de forma muy sencilla: todavía no estamos ante la norma definitiva, pero ya sabemos bastante bien cómo quiere organizarse el proceso de regularización extraordinaria y qué problemas jurídicos y prácticos ha detectado el Consejo de Estado. Eso es importante porque ayuda a entender quién podría acogerse, qué documentos podrían pedirse y qué puntos pueden cambiar en el texto final.
Qué personas podrían entrar en la regularización según el documento
El borrador revisado por el Consejo de Estado dibuja dos grandes vías de acceso. La primera está pensada para personas que hubieran pedido protección internacional en España antes del 1 de enero de 2026. La segunda está pensada para personas en situación administrativa irregular que encajen en una nueva figura llamada arraigo extraordinario.
La idea general del proyecto es dar una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, dentro del marco del arraigo. Además, el borrador parte de una previsión muy grande: calcula unas 750.000 solicitudes y unas 500.000 personas beneficiarias, lo que explica por qué el Consejo de Estado insiste tanto en que el procedimiento tiene que quedar muy claro y muy bien organizado.
1. Cómo sería la vía para personas solicitantes de asilo
Según el texto revisado, podrían acceder a esta vía las personas extranjeras que, antes del 1 de enero de 2026, hubieran presentado, registrado o formalizado su solicitud de protección internacional en España. El Consejo de Estado, sin embargo, pide una primera corrección importante: considera que no debe mezclarse esta vía con la apatridia, así que propone sacar del texto a las personas solicitantes del estatuto de apátrida.
Aquí aparece una de las objeciones más relevantes del dictamen. El borrador decía que, si una persona pedía esta regularización, su procedimiento de asilo quedaría paralizado hasta que se resolviera de forma firme la solicitud de regularización. El Consejo de Estado dice claramente que esto debe suprimirse, porque puede crear inseguridad y perturbar la tramitación del asilo. Traducido a un lenguaje muy simple: pedir la regularización no debería congelar el expediente de asilo.
Esto puede ser una de las conclusiones más importantes para muchas personas migrantes: el Consejo de Estado ve mal que se obligue, en la práctica, a elegir entre seguir con el asilo o entrar en la regularización extraordinaria. Su recomendación es que ese “freno” desaparezca del texto final.
2. Cómo sería la vía para personas en situación administrativa irregular
La segunda puerta es la del llamado arraigo extraordinario. Aquí el borrador mete a varios grupos diferentes bajo una misma etiqueta. No es una sola situación. Son, en realidad, varias puertas dentro de la misma puerta.
La primera subruta es para personas que ya han trabajado antes en España o que quieren trabajar en adelante. En el caso de quienes quieren trabajar por cuenta ajena, el texto habla de oferta o contrato, aunque el Consejo de Estado pide quitar la referencia a “contrato de trabajo” y dejar mejor definido que se trata de una oferta real de empleo. En el caso de quienes quieran trabajar por cuenta propia, el borrador prevé una declaración responsable, pero el Consejo dice que debe explicarse mucho mejor qué debe contener: actividad, sector, ámbito, experiencia y otros datos básicos. También advierte de que el texto no aclara bien cómo se probará el trabajo ya realizado en el pasado.
La segunda subruta es para personas que viven en España con su unidad familiar, cuando en esa unidad haya hijas o hijos menores de edad, hijas o hijos mayores con discapacidad que necesiten apoyo o no puedan cubrir sus propias necesidades, o ascendientes de primer grado con quienes convivan. En otras palabras: el borrador intenta abrir una vía especial para familias que ya están viviendo juntas en España y que tienen una situación de dependencia o cuidado.
La tercera subruta es para personas en situación de vulnerabilidad. Aquí el Consejo de Estado también pone el freno. Acepta que esa vulnerabilidad pueda acreditarse por entidades competentes en asistencia social y, además, por entidades del Tercer Sector inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería. Pero exige una cosa muy importante: que la norma explique qué se entiende exactamente por vulnerabilidad. Y además rechaza que se presuma, sin más, que toda persona en situación irregular es vulnerable por definición. Eso, dice el Consejo, genera inseguridad jurídica.
3. Qué pasa con menores y familias
Este es uno de los puntos que más interesa a muchas familias, y el dictamen le dedica bastante atención. En el caso de personas solicitantes de asilo que entren en esta regularización, el borrador prevé que sus hijas e hijos menores de edad —o mayores con discapacidad o dependencia— puedan solicitar al mismo tiempo una autorización propia. Esa solicitud se resolvería simultáneamente con la de la persona adulta principal. Lo mismo se contempla para ascendientes de primer grado, cónyuge o pareja registrada cuando formen parte de la unidad de convivencia.
Para decirlo de forma muy clara: el documento intenta evitar que una persona adulta regularice su situación, pero sus hijas, hijos o familiares cercanos queden atrás. La lógica del borrador es que, cuando hay una familia conviviendo en España, la respuesta administrativa no debería romper esa unidad ni dejar a menores en una situación peor. El Consejo de Estado valora positivamente ese enfoque.
En la vía de las personas en situación irregular también se contempla que quienes estén en España con sus hijas, hijos o ascendientes en esas condiciones puedan acceder junto con ellos a la nueva autorización. Por tanto, para menores y familias, el mensaje más importante del dictamen es este: sí hay una voluntad clara de permitir solicitudes simultáneas y de proteger la convivencia familiar, aunque faltan detalles que el texto final tendrá que concretar mejor.
Qué documentación podría exigirse
Aquí conviene ser muy prudentes: esto sale del borrador revisado, no del texto definitivo. Aun así, el dictamen sí deja ver qué papeles tendrían un papel central. De forma general, el proyecto menciona: copia completa del pasaporte, cédula de inscripción o título de viaje válido en España; justificantes de permanencia continuada en España durante los cinco meses anteriores a la solicitud; justificante del pago de la tasa; y acreditación de la residencia habitual.
Para las personas solicitantes de asilo, además de esos documentos generales, sería necesario acreditar que la solicitud de protección internacional se presentó antes del 1 de enero de 2026. Si se presenta la solicitud también para hijas, hijos u otros familiares en la misma unidad, será lógico que haya que aportar la documentación que pruebe el vínculo familiar y, en su caso, la convivencia o la situación de dependencia, aunque el dictamen no desarrolla en detalle toda esa lista documental.
Para las personas en situación irregular que quieran entrar por la vía laboral, la documentación cambiaría según el caso. Si es por trabajo por cuenta ajena, el borrador habla de oferta laboral. Si es por cuenta propia, se pide una declaración responsable, pero el Consejo de Estado exige que se concrete mucho mejor qué debe decir esa declaración. Y si la persona quiere apoyarse en haber trabajado antes, el propio Consejo avisa de que el borrador no explica bien cómo se probará esa trayectoria laboral previa.
Para quienes entren por vulnerabilidad, el documento clave sería el certificado o acreditación de vulnerabilidad emitido por servicios sociales competentes o, en su caso, por entidades del Tercer Sector inscritas en el registro de colaboradores. Pero aquí hay una advertencia importante: el Consejo de Estado considera imprescindible que la norma final diga con claridad qué criterios concretos servirán para acreditar esa vulnerabilidad.
El papel más delicado: los antecedentes penales
Si hay un punto donde el Consejo de Estado se pone especialmente serio, es este. El borrador exigía carecer de antecedentes penales y planteaba algunas excepciones y soluciones flexibles cuando faltara el certificado del país de origen o de residencia anterior. El Consejo dice que eso no basta. Pide una comprobación mucho más rigurosa.
En la práctica, el dictamen pide que se supriman las excepciones que libraban de aportar antecedentes penales extranjeros en algunos casos y también rechaza que la falta de ese certificado pueda suplirse tan fácilmente con una declaración responsable. Su mensaje es claro: sin un control serio de antecedentes penales en el país de origen o en países de residencia anterior, el procedimiento queda mal construido. Por eso propone incluso que, si el documento no se aporta, el expediente quede en suspenso hasta que se presente.
Dicho de forma sencilla: este papel puede convertirse en uno de los filtros más importantes del proceso. Y también puede ser una de las mayores dificultades prácticas para muchas personas.
Dónde y cómo se presentarían las solicitudes
El borrador prevé que la solicitud se dirija a la Delegación o Subdelegación del Gobierno de la provincia donde resida la persona. Después, la tramitación pasaría por la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería del Ministerio y la resolución correspondería a la Dirección General de Gestión Migratoria. El plazo máximo de resolución previsto en el proyecto es de tres meses desde la entrada de la solicitud en el registro de esa unidad.
Además, el propio proyecto contemplaba habilitar otras oficinas públicas, como Correos o oficinas de la Seguridad Social, para presentar solicitudes. El Consejo de Estado no rechaza de plano esa idea, pero dice que no puede dejarse tan en el aire: hay que concretar ya qué oficinas serán, cómo actuarán y hasta dónde llegará su papel. También recuerda que empresas públicas como Tragsa o el personal de Correos no pueden sustituir a la Administración en decisiones que implican ejercicio de potestad pública. Es decir, pueden ayudar con gestión material y documentos, pero no deberían decidir sobre el fondo de los expedientes.
En paralelo, el Ministerio ya abrió en marzo el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería para que organizaciones del ámbito migratorio y de protección internacional puedan ayudar gratuitamente en la representación y apoyo a las personas interesadas. Esa orden ya está publicada y en vigor.
Qué efectos tendría presentar la solicitud
El borrador prevé algo muy relevante: una vez admitida a trámite la solicitud, la persona podría trabajar en todo el territorio nacional, en cualquier sector y tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. El Consejo de Estado no rechaza esta idea, pero pide que se aclare bien la diferencia entre una simple comunicación de inicio y una verdadera admisión a trámite, porque de eso depende cuándo nacen exactamente esos efectos.
También prevé que, si hay procedimientos de devolución o expulsión en curso, la concesión de la autorización implicaría su archivo y la revocación de la orden correspondiente. El Consejo considera coherente esta parte, aunque sugiere que la suspensión de esos procedimientos opere ya desde la admisión a trámite, para evitar perjuicios mientras se tramita la solicitud.
Las principales conclusiones y recomendaciones del Consejo de Estado
La primera conclusión es sencilla: el Consejo de Estado no tumba la regularización extraordinaria. No dice que no pueda hacerse. Dice que puede aprobarse, pero solo si el Gobierno corrige varias partes esenciales del texto.
La segunda conclusión es que el Consejo pide separar mejor la regularización del asilo. Por eso exige eliminar la paralización automática del procedimiento de protección internacional. También pide sacar de esta vía a las personas solicitantes de apatridia.
La tercera es que reclama un procedimiento mucho más claro en cuatro puntos: antecedentes penales, vulnerabilidad, documentación y organización administrativa. En pocas palabras, el Consejo viene a decir: la idea puede salir adelante, pero no puede hacerse con reglas borrosas, papeles dudosos y oficinas mal coordinadas.
La cuarta es que advierte del enorme reto de gestión. El propio expediente habla de cientos de miles de solicitudes. Por eso insiste en que todo debe quedar mejor definido: quién presenta, dónde presenta, qué papeles valen, quién acredita vulnerabilidad, cuándo se puede trabajar y quién tramita cada fase.
Cuándo podría aprobarse y cuándo entraría en vigor
El borrador revisado por el Consejo de Estado dice que el Real Decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. Además, el texto analizado fija como fecha límite para presentar solicitudes el 30 de junio de 2026.
Ahora mismo, a 12 de abril de 2026, la regularización todavía no está en vigor. Lo que falta es que el Gobierno incorpore los cambios esenciales, lleve el texto definitivo de nuevo al Consejo de Ministros y, después, lo publique en el BOE. El propio Ministerio explicó en febrero que el plazo de presentación solo comenzaría tras ese paso final por Consejo de Ministros y la publicación oficial.
Sobre la fecha exacta, hay que hablar con prudencia. La previsión oficial inicial era que el proceso arrancara “a principios de abril”, pero eso se retrasó. Tras conocerse el dictamen, el Gobierno dijo que trabaja ya para incorporar las recomendaciones y aprobar el texto “lo antes posible”. Algunas informaciones periodísticas sitúan esa aprobación en el martes 14 de abril de 2026, pero eso, a día de hoy, sigue siendo una previsión y no una aprobación ya consumada.
La idea clave para entender todo esto
Si hubiera que resumir el dictamen en una sola frase, sería esta: la regularización extraordinaria sigue viva, pero el Consejo de Estado pide que se haga con reglas más claras, más seguras y mejor preparadas.
Para las personas solicitantes de asilo, la noticia más importante es que el Consejo no ve bien que pedir la regularización congele el asilo. Para las personas en situación irregular, la clave está en que sí se mantienen abiertas las puertas laboral, familiar y de vulnerabilidad, aunque varias de ellas tendrán que definirse mejor. Y para menores y familias, el mensaje del documento es que el proceso intenta evitar separaciones y permitir solicitudes simultáneas.
La recomendación más sensata hoy es no dejarse llevar por rumores. Hasta que el Real Decreto definitivo no pase por Consejo de Ministros y no se publique en el BOE, no existe todavía un plazo oficialmente abierto para presentar solicitudes. Lo que sí existe ya es una fotografía bastante clara de por dónde quiere ir el proceso y de qué puntos habrá que mirar con lupa cuando salga el texto final.
